El Ministerio de Hacienda de Colombia presentará hoy, 1 de septiembre, la tercera reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. Esta iniciativa busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que asciende a 557 billones de pesos. La propuesta, conocida como Ley de Financiamiento, se presenta en un contexto político complicado, con un año preelectoral y un Congreso dividido, lo que genera dudas sobre su aprobación.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha revelado algunos de los cambios propuestos. Se revisarán los beneficios tributarios del IVA aplicados a bienes y servicios consumidos por personas de altos ingresos, aunque se asegura que no se gravará la canasta familiar. Además, se aumentará la progresividad en el impuesto de renta y patrimonio, y se incrementará el impuesto al carbono, lo que afectará el precio de la gasolina y otros combustibles. También se prevén más cargas al consumo de licores, tabaco y cervezas, así como la tributación de juegos de azar en línea con una tarifa del 19%.

La reforma también contempla un aumento en los impuestos a las ganancias ocasionales, que pasarían del 15% al 20% o incluso al 25%, afectando herencias, donaciones y la venta de inmuebles. Se introducirán nuevos impuestos sobre bebidas azucaradas y productos de panadería, además de una estampilla para enajenaciones de propiedades superiores a 800 millones de pesos.

Sin embargo, la oposición ha criticado fuertemente la propuesta. Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado, afirmó que “a la reforma tributaria que anuncia el Gobierno la estudiaremos y le daremos cristiana sepultura”. Lidio García, presidente del Senado, reconoció que se trata de un proyecto impopular en un año preelectoral. La oposición ha sugerido recortar el presupuesto de 2026, advirtiendo que de lo contrario se repetirá el escenario de 2024, cuando el Gobierno aprobó el PGN por decreto.

Expertos advierten que la clase media y los microempresarios serían los más afectados por esta reforma. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, criticó que el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza”, ya que elimina beneficios en IVA y aumenta impuestos al consumo, lo que impactará negativamente a las familias. También se ha señalado que el ajuste fiscal es inevitable y que las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para la estabilidad económica del país.

El Gobierno defiende que la reforma es esencial para el equilibrio de las cuentas nacionales. Según el ministro Ávila, la ley “garantizará la estabilidad financiera del Presupuesto de 2026 y de los próximos cinco años”. El PGN prevé inversiones en sectores clave como educación, salud y agricultura, aunque el aumento del gasto de funcionamiento ha generado preocupación entre los congresistas.

Tras la radicación del proyecto, se espera que el Ministerio de Hacienda ofrezca una rueda de prensa y se reúna con los coordinadores de las Comisiones Económicas del Congreso para iniciar el estudio de la iniciativa. El Congreso tiene plazo hasta finales de septiembre para aprobar tanto el presupuesto como la reforma tributaria. Si el proyecto no prospera, el Gobierno podría recurrir nuevamente a la expedición por decreto, lo que intensificaría la confrontación política.