La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso este lunes el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, imputado por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. La medida busca determinar el destino de más de 93 millones de pesos que habrían sido desviados desde el Consejo General de Educación (CGE) hacia cuentas personales del sospechoso.

El período sometido a investigación abarcará desde 2019 hasta agosto de 2024, fecha en que se presentó la denuncia. La resolución alcanzó un pedido de la querella particular, representada por Leopoldo Lambruschini en nombre del Arzobispado de Paraná, y se diferenció del planteo de Fiscalía, que pretendía extender la revisión hasta la actualidad.

La investigación se inició tras una denuncia del Consejo

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