La Procuraduría General de la Nación confirmó, en segunda instancia, la destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva por su participación en el caso de los pasaportes.

La entidad afirmó que la decisión que tomó el entonces canciller sobre la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes careció de fundamento legal.

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