La denuncia contra Patricia Bullrich por “abuso de autoridad” volvió a poner sobre la mesa hasta dónde llega el poder de un funcionario y en qué punto comienza a vulnerar derechos. La acusación contra la ministra de Seguridad se debe a su pedido de allanamiento a periodistas que difundieron los audios que finalmente destaparon un presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y comprometen a figuras sensibles del Gobierno.

El caso obliga a mirar de cerca qué significa este delito dentro del Código Penal y cuáles son sus consecuencias concretas. No se trata de una figura menor: involucra nada menos que la tensión entre la autoridad del Estado y las garantías de los ciudadanos . Como suele ocurrir en estos escenarios, la delgada línea entre el ejercicio le

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