El fiscal federal Carlos Stornelli ha solicitado este martes la apertura de una investigación judicial. Esto se debe a una denuncia presentada por el Gobierno sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal. Según la denuncia, se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Stornelli fue claro al afirmar que la investigación no podrá indagar en las fuentes de los periodistas. "Esto es un mandato constitucional", subrayó, añadiendo que cualquier periodista que desee aportar información lo puede hacer de manera voluntaria. También enfatizó que se respetará la inviolabilidad del domicilio, a menos que exista una orden judicial fundamentada.

La aclaración del fiscal se produce en respuesta a un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto. Este abogado había solicitado que se allanara el canal de streaming Carnaval, que publicó audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente. Además, Soto pidió que se requisaran los domicilios de los periodistas involucrados en esas transmisiones y de empresarios relacionados con la propiedad del medio.

La situación está en desarrollo y se espera que surjan más detalles en los próximos días.