Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia, ha confirmado una reunión con Francisco Álvarez, abogado de la empresaria Sada Goray, el pasado 4 de junio en el bar El Cordano. Este encuentro ha generado controversia debido a la investigación que enfrenta Goray por una red de sobornos relacionada con el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Santiváñez describió la cita como breve y sin formalidades, señalando que solo se trató de un saludo y felicitación por su reciente nombramiento.

"Francisco Álvarez es mi amigo personal desde hace muchos años, ya que ambos somos abogados expertos en derecho penal", declaró Santiváñez en un mensaje dirigido a la periodista Karla Ramírez. El ministro también mencionó que Álvarez había participado en reuniones anteriores cuando él ocupaba el cargo de ministro del Interior.

Días después de este encuentro, el 12 de junio, Álvarez denunció que tres agentes de la Policía Nacional viajaron sin autorización a Punta Cana para participar en un interrogatorio a Goray. Los agentes involucrados son el capitán Carlos Martínez y los policías Carla Arenas y Gianmarco Dueñas, todos miembros de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

El 21 de junio, Santiváñez presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Martínez y Dueñas, basándose en las declaraciones de Álvarez. Sin embargo, el abogado no ha hecho comentarios al respecto y, a finales de julio, indicó que no tenía nada que coordinar con los medios.

Además, programas de televisión han revelado que Santiváñez ha mantenido reuniones no registradas oficialmente durante varios meses. Se ha documentado al menos seis encuentros en El Cordano con personas que lo esperaban, lo que sugiere una coordinación previa. Entre los asistentes se encuentra Marco Palacios Meza, quien, según un testigo protegido, habría gestionado un puesto en la minera El Dorado para evitar una orden de prisión preventiva en un caso relacionado.

Santiváñez ha rechazado las acusaciones de irregularidades, atribuyéndolas a una campaña de desprestigio. Aseguró que las reuniones fueron con fines legales y profesionales, y afirmó haber entregado los videos de las citas directamente al fiscal del caso.