Doce obispos peruanos han expresado su rechazo a la reciente ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte. En un pronunciamiento, advirtieron que esta norma fomenta la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno y vulnera la dignidad de las víctimas.

Los obispos instaron al Poder Judicial a no aplicar esta ley y a priorizar los derechos de las personas. "Consideramos que esta ley es contraria a la justicia, alienta la impunidad frente a delitos de grave crueldad y niega la dignidad de la persona humana", señalaron. Además, exhortaron a los magistrados a ejercer el control difuso e inaplicar la norma en defensa de los derechos fundamentales.

"La justicia es para todos, por eso los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad no pueden tener una duración cruel e irrazonable", añadieron. También manifestaron su apoyo al dolor de las víctimas, enfatizando que "no se puede eximir a nadie por razones de edad", en referencia a que la amnistía podría beneficiar a personas mayores de 70 años condenadas por delitos graves.

El presidente del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos, había anticipado que esta disposición representa un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales. "No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos ni el acceso a la verdadera justicia", afirmó días atrás.

La ley otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los comités de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno, incluyendo a aquellos sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han advertido que esta medida vulnera estándares internacionales y abre la puerta a una "impunidad institucionalizada".

La ley, impulsada en la Comisión de Constitución bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi y redactada por Jorge Montoya, ha generado controversia. Con su promulgación, figuras como Daniel Urresti, Martín Rivas y otros integrantes del Grupo Colina podrían beneficiarse. En abril de 2023, el Poder Judicial condenó a Urresti a 12 años de prisión por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Al ser militar en retiro y cumplir 70 años en 2026, Urresti podría alegar que la ley le permite salir en libertad a pesar de su condena.