Pedro Sánchez ha arrancado el curso político agitando la existencia de una suerte de guerra sucia judicial que ha elevado a máximos la tensión entre poderes del Estado, con sectores de la judicatura recriminándole actitudes populistas. No es la primera vez que desde el Ejecutivo se deslizan acusaciones de mala praxis en algunos de los casos que cercan a Sánchez, pero sí que sea el propio presidente del Gobierno quien acuse sin eufemismos a los jueces que instruyen estos procesos de estar “haciendo política” para perjudicarlo . El escudo del denominado ‘lawfare’ para sostener la confianza en un fiscal general del Estado procesado por revelación de secretos y el salto del jefe del Ejecutivo pasando personalmente a la ofensiva marcan así la apertura del año judicial más atípico.

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