A la expersonera de Galapa, entre el periodo 2020 y 2023, Paola Andrea Oñoro González, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos por presuntamente posesionarse y ejercer ese puesto a pesar de estar inhabilitada por tener vínculos familiares con uno de los concejales del municipio que la eligió para el cargo.

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“Al parecer, la exfuncionaria sería prima de un excabildante del concejo municipal que intervino en su elección, quien en sesión extraordinaria del 10 de enero de 2020 manifestó su impedimento para actuar y votar dentro de ese proceso de selección”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

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