La reciente iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados establece un nuevo marco para la ratificación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. Según la propuesta, el Ejecutivo deberá obtener la aprobación de estos decretos en ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos. En caso de no lograr la ratificación en este tiempo, los DNU quedarán automáticamente derogados.

Este cambio legislativo busca aumentar el control del Congreso sobre las decisiones del Ejecutivo, garantizando así una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de esta herramienta. La medida ha generado un intenso debate entre los legisladores, quienes analizan las implicaciones que tendrá en la gobernabilidad y en la capacidad del Ejecutivo para actuar en situaciones de emergencia.

La discusión sobre esta iniciativa se produce en un contexto donde la utilización de DNU ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales. Los detractores argumentan que su uso excesivo puede socavar el sistema democrático y la separación de poderes. Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que es fundamental para la agilidad en la toma de decisiones en momentos críticos.

La votación en Diputados se espera que sea un momento clave para definir el futuro de esta normativa y su impacto en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.