La apertura del año judicial celebrada ayer fue mucho más que una ceremonia de protocolo. Lo que debía ser una reafirmación institucional se transformó en un signo del tiempo político: un poder que, en lugar de sostener los equilibrios sobre los que descansa la democracia, los somete a una estrategia de desgaste. La escena no se redujo a la presencia de un fiscal general procesado junto al Rey, ni a la división del Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera a los comunicados de jueces y fiscales reclamando dignidad institucional. Lo que se manifestó fue algo más hondo: la vulnerabilidad de los contrapesos que hacen posible la convivencia democrática.

En este marco debe entenderse la estrategia del Gobierno. Lo que empezó como un pacto coyuntural con partidos independentistas se ha co

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