El Gobierno de la Junta de Extremadura ha presentado una denuncia penal en el juzgado de guardia de Mérida, debido a las conductas y coacciones ejercidas por determinadas empresas con ocasión de los procedimientos de contratación de las rutas de transporte escolar.
Las prácticas denunciadas por la Junta tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco. Cabe señalar que, siendo minoritarias, tienen la mayor capacidad de prestación de servicio.
Este proceder de las denunciadas supone un grave perjuicio a los alumnos extremeños, al privárseles de un servicio público esencial. Asimismo, causarían un importante perjuicio económico a la Administración.
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