El 21 de agosto de 2025, Cali, la capital del Valle del Cauca, fue escenario de un devastador atentado terrorista. A las 2:50 de la tarde, un carro bomba estalló frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, resultando en la muerte de siete personas y más de setenta heridos. Un video de seguridad capturó el momento exacto de la explosión, mostrando cómo el conductor del vehículo abandonó el automotor y corrió justo antes de que se produjera la detonación.

Las imágenes revelan el caos que se desató en el lugar, donde varios motociclistas y un taxi pasaban cerca del carro bomba en el instante de la explosión. La onda expansiva afectó a vehículos y edificios cercanos, dejando un panorama de destrucción. Las autoridades han atribuido el ataque a las disidencias de las Farc, específicamente al Estado Mayor Central (EMC), como respuesta a operaciones militares en el Cañón del Micay, Cauca.

La Fiscalía General de la Nación ha identificado a dos sospechosos, Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, quienes fueron capturados y se cree que jugaron un papel crucial en la planificación y ejecución del atentado. Según las investigaciones, ambos trasladaron dos camiones cargados con explosivos desde Corinto, Cauca, hasta Cali, donde uno de los vehículos fue detonado.

El atentado no solo causó pérdidas humanas, sino que también destruyó viviendas y comercios en las cercanías. La Defensoría del Pueblo ha calificado este acto como un ataque contra la vida y la dignidad humana, recordando que ya había emitido alertas sobre la presencia de disidencias en la región.

En respuesta a la creciente violencia, el Ejército Nacional logró frustrar otro posible atentado en la misma área. Días después del ataque, interceptaron un carro bomba con 120 kilos de explosivos que se dirigía a la vía que conecta Cali con Puerto Tejada. La operación fue coordinada con la Fiscalía y el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional, evitando así un nuevo desastre.

La situación en Cali sigue siendo crítica, con la Defensoría advirtiendo sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados, lo que representa una grave amenaza para la población civil.