La Procuraduría General de la Nación escuchó las declaraciones de los 33 militares que estuvieron secuestrados en El Retorno, Guaviare, con el fin de definir una hoja de ruta que permita que cerca de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública, víctimas del conflicto, accedan a medidas de reconocimiento, reparación y garantías de no repetición.

Durante la diligencia, la Procuraduría delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz informó que en lo corrido de 2025 los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cauca registran la mayor afectación, con un total de 710 hechos delictivos contra uniformados.

El órgano de control rechazó los ataques que sufrieron los militares, en los que dos resultaron con quemaduras, así como la privación de la libertad y el uso de drones con explosivos, que

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