HARLINGEN, Texas, EE.UU. (AP) — Laura Peña sabía que tenía dos horas para evitar que los niños que representa fueran deportados a Guatemala. Ella y otros abogados y activistas de diversas partes de Estados Unidos apenas comenzaban a enterarse esa noche de sábado del fin de semana del Día del Trabajo de que los niños migrantes acababan de ser despertados y se dirigían al aeropuerto.

Siguieron horas de confusión , incluida una llamada frenética a una jueza a las 2:36 de la mañana. Fue notablemente similar a un caótico fin de semana de marzo, en que el gobierno de Trump deportó a cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a los intentos desesperados de los abogados y la intervención de un juez que acudió al tribunal un sábado por la noche vestido de civil.

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