Con fundamento en las evidencias obtenidas como resultado de visitas administrativas, requerimientos de información, declaraciones y un trabajo coordinado con otras autoridades como la Fiscalía General de la Nación , la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad nacional de protección de la competencia, estableció que se habría ejecutado un esquema de corrupción que afectó la libre competencia, en seis procesos de contratación adelantados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El sistema anticompetitivo investigado se habría materializado mediante una coordinación ilegal entre entonces funcionarios de la Ungrd y el proponente que resultó favorecido, con el presunto direccionamiento de los seis procesos de contratación adel

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