Cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , llegó a la página 9 de su discurso sobre los datos de la memoria fiscal 2025-26, levantó la vista, miró fijo a través de gafas retro redondas de color dorado al frente de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo y, después de apuntar que las sentencias absolutorias dictadas por los juzgados de lo Penal constituyeron en 2024 el 19,4 % del total (contra el 20,6 % en 2023), matizó.

Debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse -en un riguroso análisis de la justicia penal- como un dato discordante. Más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía.

Algunos de los ilustres invitados al alcance de mi vista se volcaron hacia sus colegas con un

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