La Organización Mundial de la Salud estima que el 16 % de la población mundial vive con alguna discapacidad. En la Argentina, ese porcentaje es del 10,2 %. Más allá de la frialdad de las cifras, lo que se revela es un sistema de apoyos frágil, insuficiente y muchas veces inaccesible para las familias más vulnerables. Y aunque abundan las declaraciones de compromiso, la brecha entre los derechos consagrados y su cumplimiento efectivo sigue siendo demasiado grande.

En este contexto, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha intentado posicionarse como motor de cambio. Acciones, congresos y reformas normativas buscan mostrar avances en la construcción de un sistema judicial inclusivo. Sin embargo, la pregunta obligada es si esos pasos alcanzan para transformar de manera real

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