El magistrado interrogará la próxima semana por cuarta vez a Begoña Gómez después de que Sánchez elevara el tono contra los jueces que “hacen política”, en alusión al instructor de la causa contra su mujer

La investigación en espiral de Peinado se fija ahora en la alto cargo que está en el puesto que ocupó Bolaños en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevó esta semana el tono de sus críticas a determinados miembros de la carrera judicial al decir que, pese a ser una minoría, hay jueces que actúan movidos por intereses políticos. Aunque no lo citó, uno de los destinatarios de sus palabras es Juan Carlos Peinado, quien mantiene abierta desde hace casi un año y medio una causa contra su mujer, Begoña Gómez, sin que por el momento hayan aflorado indicios sólidos que acrediten los delitos que le atribuye.

La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, ha dado un aval parcial a sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de dos investigados o anular registros. El magistrado encajó en julio otro sonoro revés cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro Félix Bolaños. Los jueces del alto tribunal lo acusaron incluso de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial.

Entre tanto, el sumario acumula ya más de 7.000 folios reunidos en 17 tomos, cuatro investigados y más de una treintena de testigos interrogados, incluido el propio Sánchez, su ministro de Justicia y varios presidentes de empresas del Ibex. Begoña Gómez comparecerá el próximo miércoles por cuarta vez delante de Peinado. En esta ocasión, para interrogarle por el delito de malversación que le imputa en relación con la asesora de la Moncloa que coordina su agenda, también imputada. Peinado decidió el pasado agosto investigar a ambas por ese delito tres meses después de rechazarlo de forma expresa y sin justificar su cambio de criterio.

Esta misma semana Peinado volvió a ampliar la investigación hasta límites difíciles de calcular al ordenar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se incauten de siete años de correos de Begoña Gómez. El magistrado inició la investigación tras recibir una denuncia de un pseudosindicato ultra sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas; y la ha continuado apoyado en las acusaciones populares de extrema derecha, mientras la Fiscalía cree que actúa con “gran sonoridad” pero sin “respaldo jurídico”.

Rescate de Air Europa

Peinado decidió el pasado abril prorrogar la causa otros seis meses más, por lo que la investigación se alargará con toda seguridad hasta el próximo otoño. Después, el magistrado tendrá que decidir si cuenta con elementos suficientes como para proponer que se abra juicio contra Begoña Gómez. O si, por el contrario, procede archivar la causa por falta de indicios.

Por el momento, en las varias ramificaciones abiertas sobre las diferentes actividades profesionales que ha desarrollado Gómez desde que su marido es presidente no constan evidencias de los delitos que persigue el magistrado mientras se agolpan los testimonios que descartan sus sospechas.

De hecho, Peinado se ha visto obligado incluso a cerrar algunas de esas líneas de investigación por orden de la Audiencia Provincial. Es llamativo el caso del rescate millonario de Air Europa en la pandemia. La querella inicial acusaba a Begoña Gómez de favorecer a la aerolínea por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía. Unas sospechas refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”.

La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios. Pese a un primer intento de seguir adelante con el atestado que estaba realizando la UCO, el juez no tuvo más remedio que cerrar esta vía. Lo hizo, no obstante, tras reconocer que se había confundido al reiterar que esperaba otro informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre Globalia. La empresa en cuestión era, en realidad, Innova Next, la compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado. En ese informe, Hacienda solo encontró leves irregularidades en adjudicaciones sin vínculos con Begoña Gómez.

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del Instituto de Empresa (IE), donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial le obligó a archivar la causa para el directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP, y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor.

Los contratos de Barrabés

En los primeros meses, el magistrado centró las pesquisas en Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet. Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones públicas por las “cartas de recomendación” o incluso “avales” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid aseguró que eso no excluye que haya tráfico de influencias en los once contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. El tribunal sí dio la razón al empresario en su recurso contra el registro de su casa y sus oficinas mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces determinaron que el instructor no justificó la “urgencia” de hacer esos registros cuando el investigado estaba ingresado y advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio”.

De ahí Peinado pasó a poner el foco en la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si la contratación de Gómez en la universidad en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias. Llegó a mantener imputado durante meses al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que siempre negó haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra. La Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa.

Después, Peinado puso el foco sobre las supuestas irregularidades en la propiedad de una plataforma desarrollada para su cátedra tras una querella de la organización ultracatólica HazteOír. Esta línea de investigación ha servido al juez para atribuir a Begoña Gómez delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional y para llamar a declarar como testigos a directivos de tecnológicas y del Ibex que patrocinaron esos estudios.

Los últimos movimientos de juez se han producido en la ramificación del caso centrada en la contratación de la asesora de la Moncloa que se encarga de gestionar la agenda y la seguridad de la mujer del presidente del Gobierno. Fue ahí donde trató de implicar a Bolaños y donde sigue imputado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba, según el juez, actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. El próximo miércoles Begoña Gómez y la asistente se sentarán delante del juez para ser interrogadas por estos hechos.