El Ejecutivo espera sacar sin apuros la ampliación de permisos para el cuidado de hijos pero admiten que la medida estrella del Ministerio de Trabajo para rebajar la jornada a 37,5 horas corre mucho riesgo de descarrilar

Trabajo traslada la presión sobre la reducción de la jornada laboral a PP y Junts

La primera semana parlamentaria del curso será ya de alto voltaje político para el Ejecutivo. Con la intención de recuperar algo de espacio en plena ofensiva judicial y de la oposición, el Gobierno se someterá en el Pleno del Congreso este martes y miércoles a la votación de dos medidas emblemáticas de su agenda social. La reducción de la jornada laboral, proyecto estrella del ministerio de Trabajo, que todavía no cuenta con el respaldo de un socio clave como Junts, y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Dos votaciones que pondrán a prueba la mayoría de Pedro Sánchez en la Cámara Baja y servirán de termómetro para este punto de la legislatura tras acabar el anterior curso con una derrota en el decreto de medidas sobre las consecuencias del apagón.

La iniciativa de mayor calado político que se vota esta semana es la reducción de jornada. No se trata de una votación para la aprobación definitiva de la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sino del primer trámite parlamentario de la ley. Pero hasta eso, la mera tramitación, está en juego porque los apoyos no están ni mucho menos atados.

De hecho, tanto en una parte del Gobierno como entre los socios parlamentarios cunde un fuerte pesimismo. Los mensajes que ha mandado Junts hasta ahora son contundentes: no piensan ni siquiera dar la oportunidad a la negociación parlamentaria de una norma como esta.

La formación de Carles Puigdemont ha expresado en público su rechazo a una medida de la que también reniegan la patronal y la pequeña y mediana empresa catalana. Y aunque en el Ministerio de Trabajo aseguran que hay una negociación en marcha para adaptar la norma a las pymes con la idea de contentar a Junts, los independentistas catalanes siguen muy reticentes a retirar la enmienda a la totalidad que se vota el miércoles junto a las registradas por PP y Vox.

Las únicas voces optimistas sobre esta negociación están precisamente en el Ministerio de Yolanda Díaz, que está centralizando todas las conversaciones con los independentistas catalanes. La propia vicepresidenta segunda ha hablado en los últimos días directamente con Carles Puigdemont para tratar de acercar posturas. En el ministerio no dan ni mucho menos por perdida esta votación y creen que todavía hay margen para negociar. Pero, mientras tanto, ya preparan el terreno para atribuir responsabilidades si el proyecto decae.

“El Gobierno de España ha cumplido”, aseguró Díaz este miércoles. Díaz cuida los mensajes en público hacia Junts para no enturbiar las negociaciones y prefiere cargar contra el PP por su rechazo a la medida, pero la idea es trasladar el mensaje de que si la medida no sale adelante es culpa de las formaciones que votan en contra y no del Ejecutivo que la impulsa.

“Ha llegado la hora de debatir y de que los ciudadanos observen qué formaciones están del lado de los derechos y quiénes no. ¿El PP va a volver a golpear a los trabajadores como ha hecho con la reforma laboral en nuestro país? ¿Se va a poner del lado del negacionismo laboral?”, se preguntó Díaz.

Aunque la vicepresidenta está dispuesta a llevar la votación hacia el final y no se plantea retirar el texto si confirma que no cuenta con los apoyos, algunas voces del grupo parlamentario no ocultaban esta semana su frustración con que el debate no pudiera celebrarse al menos una semana más tarde, tal y como quería el Gobierno. Lo que ocurre es que este mes la derecha cuenta con mayoría en la Junta de Portavoces por el turno rotario del Grupo Mixto, que ahora corresponde a UPN. Y a PSOE y a Sumar les fue imposible cambiar el orden del día para postergar un poco más esta votación.

Las enmiendas a la totalidad de la reducción de jornada se votarán así en un pleno apretado en dos días por la celebración de la Diada de Catalunya el 11 de septiembre. Ese día, de evidente relevancia simbólica para el independentismo, podría influir en el resultado de la votación si Junts pretende mandar un mensaje al Gobierno en la víspera.

Permisos retribuidos y Presupuestos

Además, esa misma semana se vota el decreto para el cuidado de hijos que Sumar y PSOE negociaron a contrarreloj antes del parón veraniego. Para esa votación no existe en las filas del Gobierno ni mucho menos el mismo pesimismo que respecto a la reducción de jornada.

En primer lugar, porque los de Puigdemont jamás han mostrado en público ni en privado tantas reticencias. Pero también porque hay voces en el PSOE y Sumar que opinan que ni siquiera el Partido Popular, con su permanente estrategia de choque frontal, será capaz de votar específicamente en contra de un avance social que levanta tanto consenso entre la opinión pública.

Si el Real Decreto-Ley sobre los permisos de paternidad y maternidad, que se aprobaron el pasado 29 de julio, se convalida, se aumentará el permiso por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas. Un tiempo que se duplicará de 16 a 32 semanas en el caso de los permisos para las familias monoparentales, con el fin de equiparar sus derechos al del resto de familias.

En realidad, el objetivo más ambicioso del Gobierno de coalición es sacar adelante dos medidas que resultan estratégicas en la escueta agenda de reformas legislativas que ha podido desplegar el Ejecutivo. En caso de sacar adelante ambas, interpretan en las filas socialistas que sería un auténtico balón de oxígeno y un impulso político ante el intento de caricatura que la oposición lleva a cabo para dibujar un ciclo acabado. Y aunque finalmente no sea así, también aventura el PSOE que la vuelta de las vacaciones será menos traumática para los de Sánchez que lo que esperan en la calle Génova.

De hecho, en el grupo parlamentario socialista hay quien atisba movimientos entre los socios parlamentarios. “Hay menos tensión, menos hostilidad”, cuentan en la bancada del PSOE del Congreso respecto a aliados recurrentemente díscolos como Podemos o Junts.

En el caso de los independentistas catalanes, esta semana se produjo una de las fotos más ansiadas por Carles Puigdemont. El expresident de la Generalitat asistió a algo parecido a la redención política tras reunirse con el actual president catalán, Salvador Illa, en la sede del Gobierno catalán en Bruselas en un encuentro a puerta cerrada.

Al terminar la reunión, Illa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reiteró su discurso de que “el diálogo es el motor de la democracia para que Catalunya siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo”. En respuesta, el líder independentista agradeció “la amabilidad y la conversación”, pero también resaltó que “en situación de normalidad democrática, esta reunión habría tenido que producirse hace muchos meses y no en Bruselas sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Catalunya. Hoy volvió a quedar claro que no vivimos en situación de normalidad”.

Nadie se atreve a aventurar en el Gobierno si ese acercamiento y ese gesto de tanto simbolismo político entre Salvador Illa y Carles Puigdemont dará paso a una etapa de mayor colaboración política entre Junts y el Gobierno. Pero en el Ejecutivo sí celebran que se haya conseguido restablecer una interlocución al más alto nivel con el expresident tras el varapalo que supuso que la persona de confianza de Pedro Sánchez que hacía las veces de negociador, Santos Cerdán haya desaparecido de la escena por su ingreso en prisión.

Respecto a los Presupuestos, y tras la reunión de Puigdemont e Illa, en la dirección del PSOE creen que no está ni mucho menos terminada la partida de una negociación que consiga sacar adelante las primeras cuentas de la legislatura. Un escenario que desvinculan incluso del horizonte parlamentario de la semana que viene, donde Junts, de nuevo, tiene en su mano darle algo de oxígeno al Ejecutivo o asfixiarlo un poco más.