El Gobierno calificó de “inaceptable” la decisión emitida el 3 de septiembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH ), que ratifica que el Estado peruano debe abstenerse —por el momento— de aplicar la Ley 32419, conocida como ley de amnistía, porque vulneraría el derecho de acceso a la justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

A través de un comunicado, el Ejecutivo recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante y complementario, por lo que no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna.

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