La Presidencia del Perú ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la Ley de Amnistía, que otorga amnistía a policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos. Esta ley, promulgada en agosto de 2025, ha generado una creciente controversia en el país.

El 3 de septiembre, la Corte IDH declaró que la Ley de Amnistía es inaplicable, ya que contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte recordó que, en sentencias anteriores, como los casos Barrios Altos y La Cantuta, se estableció que las leyes de amnistía son incompatibles con el derecho internacional en situaciones de crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, ordenó al Estado peruano que se abstenga de aplicar la ley hasta que se emita un pronunciamiento definitivo.

En su comunicado del 6 de septiembre, la Presidencia, liderada por Dina Boluarte, rechazó la decisión de la Corte, afirmando que el Gobierno considera inaceptable la resolución. El comunicado subraya la autonomía del Estado y plantea la posibilidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El texto enfatiza que "el Perú es un país soberano y democrático" y que las instituciones nacionales deben resolver las controversias internas.

La Presidencia también contextualiza la promulgación de la Ley de Amnistía, señalando que el país enfrentó un "terrible embate del terrorismo" en las décadas de 1980 y 1990, donde las Fuerzas Armadas y la Policía actuaron para "salvar la democracia y la sociedad peruana".

La Ley N.º 32419, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, ha sido criticada por organismos internacionales y familiares de víctimas, quienes advierten que podría generar impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estima que más de mil procesados podrían beneficiarse de esta norma.

El choque entre el Gobierno peruano y la Corte IDH ha abierto un nuevo frente de confrontación política y jurídica. Tanto el Congreso como el Ejecutivo defienden la amnistía como un ejercicio de soberanía, mientras que la Corte reafirma que las disposiciones internas no pueden estar por encima de las obligaciones internacionales.

La situación se complica aún más, ya que la Corte IDH ha solicitado a los jueces peruanos que inapliquen la Ley de Amnistía hasta que se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de ampliación de medidas provisionales. La Corte ha reiterado que la aplicación de esta ley podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El debate sobre la vigencia de la Corte IDH en Perú está lejos de resolverse, y su impacto en los procesos judiciales y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno es inminente.