Una investigación de varios medios, entre ellos 'The Guardian', revela que entre los detenidos hay personas con alzhéimer o discapacidad

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Solo uno de cada cuatro detenidos de Gaza es identificado como combatiente por la Inteligencia militar israelí, según datos clasificados analizados por The Guardian, la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call. La gran mayoría de los palestinos arrestados sin cargos ni juicio en centros de detención conocidos por sus duras condiciones y por los abusos contra los reos son civiles.

Una investigación conjunta de esos tres medios que parte de la propia base de datos de Israel ha evidenciado que hay un gran número de civiles encarcelados. Entre los que están retenidos durante largos periodos figuran trabajadores sanitarios, profesores, funcionarios, profesionales de los medios de comunicación, escritores, personas enfermas y con alguna discapacidad y niños.

Uno de los ejemplos más extremos es el de una mujer de 82 años con alzhéimer que estuvo en la cárcel durante un mes y medio o el de una madre soltera separada de sus hijos pequeños. Cuando la madre fue puesta en libertad tras 53 días, encontró a sus hijos mendigando en la calle.

La base militar de Sde Teiman llegó a albergar a tantos palestinos enfermos, discapacitados y ancianos que estos tenían su propio hangar, apodado “el corral geriátrico”, según el testimonio de un soldado que trabajó en las instalaciones.

La base de datos más precisa

La Inteligencia militar israelí gestiona una base de datos con más de 47.000 personas identificadas que clasifica como “combatientes” de los grupos que operan en Gaza, tanto Hamás como la Yihad Islámica Palestina. Según múltiples fuentes de los servicios de Inteligencia, los mandos militares consideran que se trata de la información más precisa que Israel tiene sobre sus enemigos. Se basa en información entre la que hay archivos del propio Hamás, se actualiza periódicamente e incluye los nombres de los nuevos reclutas.

La base de datos registraba en mayo de este año 1.450 personas detenidas, cuyos expedientes estaban marcados como “arrestados”. Esa cifra equivale a apenas uno de cada cuatro palestinos de Gaza encarcelados en Israel desde el 7 de octubre de 2023 bajo sospecha de vínculos con grupos armados. Según se desprende de los datos oficiales publicados tras ser reclamados judicialmente, Israel había detenido hasta mayo de 2025 a 6.000 personas en virtud de su legislación sobre “combatientes ilegales”, que permite el encarcelamiento de los sospechosos de forma indefinida sin cargos ni juicio.

Israel también mantiene bajo arresto a unos 300 palestinos de Gaza sospechosos de haber participado en los ataques del 7 de octubre contra el sur del país. Se encuentran en prisión preventiva porque Israel afirma tener pruebas suficientes para procesarlos, aunque aún no han empezado los juicios.

Tanto las organizaciones de derechos humanos como los soldados israelíes denuncian que la proporción de combatientes con respecto a los civiles es incluso inferior. Cuando a finales de 2023 salieron a la luz fotografías de palestinos desnudos y encadenados y la comunidad internacional mostró su consternación, altos mandos militares ya declararon al periódico israelí Haaretz que “entre el 85% y el 90% de los detenidos” no eran miembros de Hamás.

El Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, ha representado a cientos de civiles recluidos en cárceles israelíes. “Creemos que la proporción de civiles entre los detenidos es incluso mayor que la que sugieren las propias cifras de Israel”, alerta Samir Zaqout, subdirector de Al Mezan. “Como mucho, quizá uno de cada seis o siete detenidos tiene algún vínculo con Hamás u otras facciones armadas y, aun así, no necesariamente a través de sus fuerzas combatientes”, precisa.

El Ejército israelí afirmó en un comunicado que había devuelto a Gaza a más de 2.000 civiles detenidos tras no encontrar ninguna conexión con actividades armadas. Según la versión oficial, Israel libra una guerra contra enemigos que “se disfrazan de civiles”, pero estas liberaciones demostrarían “un proceso de revisión exhaustivo” de las detenciones. Aunque no negó la existencia de la base de datos ni las cifras correspondientes al pasado mayo, el Ejército afirmó que “la mayoría” de los detenidos estaban “implicados en actividades terroristas”.

Según el Ejército, 2.750 palestinos fueron encarcelados en mayo de forma permanente como combatientes ilegales y otros 1.050 fueron liberados en virtud de acuerdos de alto el fuego.

Una mujer de 82 años con alzhéimer

Los políticos, el Ejército y los medios de comunicación israelíes suelen referirse a todos los detenidos como “terroristas”. Sin embargo, en la lista figura Fahamiya Al Khalidi, una mujer de 82 años con alzhéimer que fue secuestrada junto con su cuidadora en Ciudad de Gaza en diciembre de 2023 y retenida en Israel durante seis semanas en virtud de la ley de combatientes ilegales.

Según un médico militar que la atendió en el centro de detención de Anatot, después de que se lesionara con una valla, estaba desorientada, no recordaba su edad y pensaba que todavía estaba en Gaza. “Recuerdo que cojeaba ostensiblemente de camino a la clínica. Y estaba clasificada como combatiente ilegal. La forma en que se pone esa etiqueta es una locura”, afirmó el médico. Las fotografías confirman que pasó por el centro de detención.

Respecto a este caso concreto, el Ejército israelí señaló que detuvo a Al Khalidi “con base en información específica sobre su persona”, pero que “el ingreso en el centro de detención” no debería haberse producido. Agregó que “la detención no fue apropiada y fue el resultado de un error de juicio concreto y aislado”. Sin embargo, puntualizó que “las personas con problemas médicos o incluso discapacidades pueden seguir implicadas en actividades terroristas”, en referencia al antiguo jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Deif.

La legislación israelí sobre combatientes ilegales permite la detención indefinida sin presentar pruebas en un juicio público. Las autoridades pueden retener a una persona durante 75 días sin abogado y 45 días sin llevarla ante un juez para que autorice su detención. Al comienzo de la guerra contra Gaza, esos plazos se ampliaron a 180 y 75 días, respectivamente. Desde el 7 de octubre de 2023 no se han celebrado, que se sepa, juicios de personas detenidas en Gaza.

Tal Steiner, director de la ONG israelí Comité Público contra la Tortura, afirma: “Tan pronto como comenzó la ola de detenciones masivas en Gaza en octubre de 2023, surgió una gran preocupación por el hecho de que muchas personas no implicadas estuvieran siendo detenidas sin motivo alguno. Esta preocupación se confirmó cuando supimos que la mitad de los detenidos al comienzo de la guerra fueron finalmente puestos en libertad, lo que demuestra que no había motivos para su detención”.

Las autoridades entregaron al grupo las cifras oficiales sobre el número de “combatientes ilegales” a raíz de una demanda judicial. Un soldado que estuvo destinado en la prisión militar de Sde Teiman —conocida por los abusos— relató detenciones masivas de ancianos y de personas gravemente enfermas.

“Traían a hombres en silla de ruedas, a gente sin piernas”, explicó y añadió que los enviaban a un “corral geriátrico”. “Siempre supuse que la excusa para arrestar a pacientes era que quizá habían visto a los rehenes o algo así”, dijo, en referencia a los 250 secuestrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

Hassan Jabareen, director de la organización palestina de derechos legales Adalah, indica que “la legislación israelí sobre combatientes ilegales está diseñada para dar vía libre a la detención masiva de civiles y las desapariciones forzosas”.

“Despoja a los detenidos de la protección garantizada por el derecho internacional, incluidas las salvaguardias destinadas específicamente a los civiles, utilizando la etiqueta de 'combatiente ilegal' para justificar la denegación sistemática de sus derechos”, denuncia.