Un escándalo de chuzadas ha estallado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionado con la investigación de un hurto en el apartamento de Laura Sarabia, quien fue su jefe de gabinete. La pieza clave en este caso es el mayor Duván Andrés Muñoz, miembro de la seguridad anticipativa de la Presidencia, quien ha sido imputado por la Fiscalía por su papel en la manipulación de informes y la creación de una fuente falsa para seguir a Marelbys Meza, la niñera de Sarabia.

La investigación revela que Muñoz ordenó la manipulación de datos y seguimientos ilegales, utilizando el aparato de seguridad del Estado para encontrar una maleta robada que contenía una suma de dinero en dólares. La Fiscalía ha señalado que las órdenes para estas acciones ilegales provenían de "Presidencia". En audiencias reservadas, se ha expuesto que Muñoz y otros funcionarios, incluido el coronel Carlos Alberto Feria, estaban involucrados en la creación de informes falsos y en la interceptación de comunicaciones de Meza y sus familiares.

El escándalo se centra en el piso 13 del edificio de la Dian, donde se coordinaba la seguridad del presidente. Allí, Muñoz y su equipo se reunieron para impartir órdenes ilegales. Un policía que aceptó su responsabilidad en la manipulación de informes judiciales declaró que las instrucciones salieron de la seguridad presidencial. La Fiscalía ha indicado que se entregaron números telefónicos de familiares de Meza para incluirlos en los informes falsos.

Además, se ha revelado que la declaración de Meza fue manipulada para incluir información falsa, lo que llevó a la obtención de órdenes de interceptación. A pesar de que Muñoz ha intentado mantenerse al margen, las declaraciones de sus subalternos han puesto de manifiesto su responsabilidad en la violación de derechos fundamentales.

El coronel Carlos Feria, quien también está siendo procesado, admitió que se comunicó con el fallecido coronel Óscar Dávila para que se hiciera cargo del caso tras el hurto. Con Dávila muerto, Muñoz se convierte en el principal responsable de las acciones ilegales. Aunque ha negado los cargos, la Fiscalía considera que es el eslabón que puede llevar a descubrir quién dio la orden de utilizar el poder del Estado contra Meza.

Este escándalo ha puesto en tela de juicio la integridad de la seguridad presidencial y ha llevado a la Fiscalía a proponer una "reorganización" en el proceso, justo cuando se acercaban a los altos mandos de esta red que ha convertido la seguridad del Estado en una herramienta para actividades ilegales.