En diciembre pasado se aprobó en su octavo, y último debate, la reforma constitucional del sistema general de participaciones (SGP), que son las transferencias que les hace el nivel nacional a los departamentos y municipios para que atiendan asuntos de educación, salud y saneamiento básico. Se determinó que desde 2027 y por un periodo de 12 años se irá haciendo un incremento paulatino para que el dinero de este rubro pase de ser el 28,5 por ciento de los dineros corrientes de la nación al 39,5.

Asimismo, se dejó claro que para que pueda entrar en vigor dicha reforma deberá tramitarse una ley de competencias en la que se repartan las funciones entre el nivel nacional, departamental y municipal en los tres ejes fundamentales del SGP. Esto como una forma de evitar una mayor destinación de re

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