La semana pasada, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que una de las diez personas que fueron chuzadas por la Fiscalía en un caso por supuesta celebración indebida de contratos y peculado que hoy lo enreda, lo abordó mientras compartía con su familia. Su defensa relacionó el hecho con un supuesto entrampamiento para “señalarlo de manipulación a testigos”.

Se trata de un caso penal menor que ha terminado agitando dos narrativas opuestas en Antioquia entre uribistas y petristas, que podrían convertirse en el centro de la puja electoral en esa región de cara al 2026.

La denuncia que enreda a Rendón no es nueva. La presentaron ante la Fiscalía, cuatro años atrás, Óscar Castaño y Carlos Osorno, quienes conformaron la veeduría Identidad y Defensa de lo público durante su

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