El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado el regreso de la fumigación aérea contra cultivos ilícitos, una decisión que marca un cambio significativo en su política antidrogas. Este anuncio se produce en un contexto de creciente violencia y ataques contra las fuerzas armadas en el país. La medida se implementará en áreas donde la ciudadanía ataque al Ejército, como respuesta a la reciente ola de violencia que ha incluido el secuestro de 45 soldados en El Tambo, Cauca.

La decisión de Petro se da en medio de una crisis de orden público, con un aumento notable en los ataques a la Fuerza Pública. En los últimos días, dos militares fueron quemados en Putumayo tras desmantelar un laboratorio de cocaína, y 30 uniformados fueron retenidos en Guaviare por disidencias de las Farc. Según el Ministerio de Defensa, en lo que va de 2025 se han registrado 33 asonadas, lo que evidencia un patrón de violencia en el suroccidente del país.

El presidente ha expresado que la reactivación de la fumigación aérea es necesaria para proteger a los miembros del Ejército de ser blanco de ataques violentos. En su cuenta de X, Petro afirmó: “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataca al Ejército habrá fumigación aérea.”

Este cambio de postura es notable, ya que Petro había sido un crítico de la fumigación aérea, argumentando que el uso de glifosato podría contaminar fuentes de agua y afectar la salud de las comunidades rurales. Sin embargo, la presión internacional y el aumento de los cultivos de coca, que han crecido de menos de 50 mil hectáreas a más de 250 mil en 2023, han llevado al mandatario a reconsiderar su enfoque.

La Corte Constitucional había establecido restricciones sobre el uso de glifosato, pero el Acuerdo de Paz de 2016 permite su uso en áreas donde la erradicación manual no sea viable por razones de seguridad. La decisión de Petro también se produce en un momento crítico, ya que Estados Unidos está evaluando si descertifica a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, lo que podría afectar las inversiones y el intercambio comercial entre ambos países.

Alcaldes de ciudades como Medellín y Cali se encuentran en Washington abogando para que Colombia no sea descertificada, una acción que no es bien vista por el presidente Petro y su gobierno. La reactivación de la fumigación aérea representa un giro drástico en la política de drogas del gobierno, en un contexto de creciente violencia y presión internacional.