Una y otra vez , decisión tras decisión y plazo tras plazo, los abogados de los separatistas catalanes han ido acuñando —como ya lo hicieran los letrados de los miembros de ETA en los años de plomo— un método de recursos constantes contra las decisiones judiciales que les resultaban perjudiciales. Así lograron los CDR del procés anular la causa por terrorismo instruida por el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional .

Una estrategia judicial que, tras el parón veraniego, han replicado los principales imputados en los casos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez : desde su esposa, Begoña Gómez , hasta su número tres en el PSOE , Santos Cerdán . Sus defensas trabajan sin descanso para anular pruebas , discutir diligencias , presentar informes periciales o bloquear testificales que sustenten el trabajo de la UCO junto a los jueces de instrucción.

El lawfare como coartada

La última muestra: una batería de recursos registrados este lunes que insisten en la persecución política contra el entorno de Sánchez , alimentando el relato del lawfare , que el Ejecutivo asume a cambio de los votos de Junts .

Ese mismo día, se conocía que el prófugo Carles Puigdemont ha recusado a tres magistrados del Tribunal Constitucional , clave en el recurso contra la negativa del Supremo a aplicarle la ley de amnistía .

Los correos de Begoña Gómez

Por su parte, Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid impedir que los agentes analicen sus correos electrónicos oficiales , desde que fue nombrada asesora de Presidencia en julio de 2018. Tanto ella como Cristina Álvarez están imputadas por malversación de fondos públicos, por supuestas actividades privadas con recursos públicos.

En su recurso directo de apelación , su abogado, el exministro Ignacio Camacho , solicita anular la providencia del juez Juan Carlos Peinado , que ordenó a Moncloa entregar los emails e identificar a quienes autorizaron los pagos de retribuciones .

Cerdán pide libertad

En paralelo, Santos Cerdán intenta por segunda vez que el magistrado Leopoldo Puente , del Tribunal Supremo , le ponga en libertad. Su defensa alega una "causa general" sin pruebas ni hechos concretos, y denuncia una investigación prospectiva basada solo en sospechas policiales .

Califican su encarcelamiento como "inconstitucional" , por superar el plazo legal sin avances y carecer de indicios sólidos. La UCO , no obstante, le sitúa como líder de una organización criminal , responsable de repartir comisiones en adjudicaciones públicas.

Ábalos, derrotado en su intento de censurar a su exmujer

El exministro José Luis Ábalos intentó impedir judicialmente la emisión de la entrevista de su exmujer, Carolina Perles , en el programa El precio de la corrupción (Telecinco). La juez María Luisa Prieto abrió diligencias preliminares , pero rechazó las medidas cautelares , permitiendo que el programa se emitiera íntegramente.

La entrevista abordaba infidelidades, abusos y amenazas por parte del exministro, así como los presuntos delitos por los que Ábalos está investigado : organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias .

Ahora, los abogados de Ábalos quieren que Perles declare como testigo en el caso PSOE , petición que aún no ha sido resuelta por el juez Puente .