Los ciberdelitos están en aumento en Venezuela, según Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). En un programa de radio, Rico afirmó que estos crímenes han crecido desde la pandemia, superando a otros tipos de delitos. Las plataformas como WhatsApp, Binance y Gmail son vulnerables a ataques informáticos. La falta de legislación adecuada permite que los delincuentes operen con impunidad.

Eillyn Díaz, una joven de 23 años, se convirtió en víctima de una estafa conocida como vishing. Recibió una llamada de un supuesto fiscal del Cicpc, quien le advirtió que su número estaba involucrado en estafas. A pesar de su incredulidad, siguió las instrucciones del estafador y terminó entregando su cuenta de WhatsApp. Aunque logró alertar a sus contactos a tiempo, vivió momentos de angustia.

Roberto Delgado, abogado especializado en criminología, destacó que el phishing y sus variantes, como el smishing, son comunes en el país. Luis Serrano, experto en ciberseguridad, también mencionó que el robo de cuentas de WhatsApp es una de las estafas más frecuentes.

Por otro lado, el Día Internacional del Periodista reveló un panorama sombrío para la libertad de expresión en Venezuela. Un informe de Un Mundo Sin Mordaza documentó 302 violaciones a la libertad de expresión en el primer semestre de 2025. De estos, 231 casos fueron registrados, con 61 relacionados con censura digital.

El informe destaca que el gobierno ha perfeccionado un modelo de censura que combina métodos tradicionales con herramientas digitales. Se han documentado bloqueos selectivos y ataques DDoS, principalmente desde plataformas estatales. Además, se han registrado 148 detenciones arbitrarias, muchas de ellas en vísperas de elecciones.

La organización advierte que la normalización del silencio no debe confundirse con estabilidad democrática. La autocensura y el temor son palpables, limitando el debate público y la participación ciudadana. La situación actual refleja un ambiente de represión sistemática que afecta tanto a periodistas como a ciudadanos.