Agentes de la Unidad de Inspección Pesquera de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria han decomisado un total de 400 metros de redes de pesca ilegales localizadas en el interior del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel , uno de los ecosistemas más valiosos y frágiles del litoral cantábrico.

La intervención, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado emitido este martes, tuvo lugar tras la inspección de una embarcación que almacenaba en su interior este tipo de artes prohibidas. El operativo forma parte de las labores de control y vigilancia que la Administración regional lleva a cabo en espacios naturales de alto valor ecológico, especialmente durante el periodo estival, en el que se intensifica la actividad pesquera.

La Consejería ha subrayado que el uso de estas redes representa una grave amenaza para el equilibrio ecológico del humedal , dado que provocan una elevada mortandad de peces , incluidos ejemplares inmaduros y especies sin valor comercial, que acaban desechados y flotando en las aguas de la marisma.

Sanciones y responsabilidad

La colocación de artes de pesca en zonas protegidas constituye una infracción administrativa grave en virtud de la Ley de Pesca de Cantabria , y puede derivar en sanciones económicas significativas , además de otras responsabilidades por actuar en un espacio natural protegido de especial sensibilidad ambiental.

Desde el Ejecutivo regional se ha querido recordar que el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel constituye uno de los humedales más valiosos del norte peninsular , y es considerado un enclave estratégico para la conservación de especies migratorias y de la biodiversidad marina .

Prioridad del Gobierno regional

La vigilancia activa de este tipo de espacios constituye una prioridad para el Gobierno cántabro, que ha anunciado que continuará reforzando los dispositivos de control para combatir la pesca furtiva y proteger el patrimonio ambiental.

En palabras del Ejecutivo, “preservar la salud de nuestros ecosistemas marinos es una responsabilidad compartida y permanente”, y se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y al sector pesquero a colaborar con la administración “para erradicar este tipo de prácticas que tanto daño causan al medio y a la actividad profesional legal”.