La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre la crítica situación financiera y administrativa que atraviesa la Nueva EPS, tras detectar irregularidades que comprometen su funcionamiento y podrían afectar la atención de millones de usuarios en el país.

El informe, basado en información recaudada en una operación judicial y que cubre datos desde 2022 hasta el primer semestre de 2025, revela un panorama preocupante. En total, se revisaron 4.524 archivos relacionados con los componentes técnico-asistenciales, administrativos, jurídicos y financieros de la entidad.

Uno de los hallazgos más delicados corresponde a los anticipos pendientes por legalizar , que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, es decir, un incremento del 155%.

A junio de 2025, esa

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