El Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público en el caso de la inversión irregular de regalías del departamento, pero ajustó las responsabilidades frente a entidades nacionales y particulares.

El proceso inició con una acción popular presentada en 2008 por el ciudadano Oswaldo Páez Mendoza, que denunciaba la desviación de $63.000 millones de pesos de regalías petroleras hacia patrimonios autónomos privados, a través de contratos de cesión de derechos con pacto de readquisición, firmados por funcionarios de la Gobernación de Casanare, durante la Administración de Whitman Porras, con varias fiduciarias y particulares. Según la demanda, al menos $49.000 millones más intereses estab

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