Por: Hannah Escobar

El informe más reciente de la Contraloría es un retrato incómodo de la fragilidad del sistema de salud. No hablamos de tecnicismos contables: hablamos de una EPS intervenida que concentra más de once millones de afiliados , la más grande del país, y que hoy está sumida en una crisis que amenaza tanto sus finanzas como la vida de los pacientes.

Los números son elocuentes: los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones en un año . Y en lo corrido de 2025 ya se acumulan $6,6 billones adicionales, alcanzando la cifra monumental de $15,27 billones . Estos recursos sin soporte reflejan un manejo riesgoso que compromete la liquidez institucional y abre la puerta a un detrimento patrimonial de enormes proporciones.

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