Estados Unidos impuso que los fondos no se usaran para ayudar a solicitantes de asilo, planificación familiar o la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados de Gaza, según revela la evidencia en una demanda

Estados Unidos acordó pagar al Gobierno de El Salvador 4,7 millones de dólares para que recibiera hasta 300 migrantes deportados, en su mayoría venezolanos. Para recibirlos, la Administración Trump impuso, entre otras condiciones, que los fondos no se emplearan para ofrecer asesoría legal a los solicitantes de asilo.

Así aparece en el acuerdo que Washington envió al Gobierno de Nayib Bukele y que ha sido revelado en un litigio que organizaciones de defensa de los derechos civiles interpusieron contra el pacto. Los términos del acuerdo, que no se habían hecho públicos hasta ahora,

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