La semana pasada, una plataforma militar estadounidense destruyó una pequeña embarcación en el Caribe, matando a 11 personas que, según la administración Trump, eran narcotraficantes. No fue una interceptación. No fue un abordaje con autoridad legal de la Guardia Costera. Fue un ataque ordenado desde Washington, ejecutado en aguas internacionales y justificado con poco más que un simple "confíen en nosotros". El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a Fox que los funcionarios "sabían exactamente quién estaba en esa embarcación" y "exactamente qué estaban haciendo". No presentó ninguna prueba.

Esto no fue una operación antidrogas. No fue un acto de aplicación de la ley. Fue un asesinato sin proceso. Y, según todas las apariencias, contravenía la letra y el espíritu de la ley.

Duran

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