La batalla por el control de 700 notarías en Colombia entró en su punto más álgido y crítico luego de que el presidente, Gustavo Petro, denunciara un presunto cobro de $1.000 millones por cada cupo y la Procuraduría General de la Nación exigiera suspender el concurso por graves señalamientos de que estaría “amañado” desde la misma Superintendencia de Notariado y Registro.

El complejo entramado, que pone en juego la fe pública del país, escaló con la intervención directa del Jefe de Estado, la advertencia formal del órgano de control sobre posibles vicios irremediables y la respuesta de la Superintendencia, que se declaró sin competencias para frenar el proceso, en medio de un ambiente de incertidumbre que dejó a los aspirantes sin poder inscribirse en la fecha pactada y con un Consejo Sup

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