La inacción de los propietarios de viviendas abandonadas que se caen a pedazos en los núcleos antiguos obliga en muchas ocasiones a la Administración Pública a poner los medios y recursos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad y salubridad en el entorno de estos inmuebles. Cuando los requerimientos y órdenes de ejecución se incumplen y la propiedad de los mismos no respeta su deber de conservación, son los ayuntamientos los que intervienen, vía ejecución subsidiaria.

El proceso suele ser lento y complejo, pero hay ayuntamientos que apuestan decididamente por este mecanismo para mejorar la convivencia vecinal y alejar al máximo cualquier tipo de amenaza relacionada con los temidos derrumbes. El consistorio de Ontinyent es uno de ellos: desde 2021 lleva invertidos 828

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