La Fiscalía ha designado a María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Esta decisión se produce tras la revelación de una nueva imputación de cargos relacionada con corrupción en la gobernación del Atlántico. La Fiscalía ha declarado que la función de Ramírez es de "acompañamiento y asesoría", a pesar de que ella ya había superado las etapas más complejas del caso por su cuenta.

La designación ha generado suspicacias en el ámbito político y judicial, especialmente porque coincide con la apertura de una nueva investigación por parte de la fiscal delegada Lucy Marcela Laborde. Algunos interpretan este movimiento como un intento de influir en el proceso judicial más mediático que enfrenta la Fiscalía. La resolución que designa a Ramírez se basa en la necesidad de apoyo administrativo y operativo, según la Fiscalía.

María Isabel Ramírez tiene una larga trayectoria en la Fiscalía, donde ingresó en 1993. Ha liderado investigaciones significativas, incluyendo el caso de Omar Ambuila, un exfuncionario de la Dian acusado de permitir el ingreso ilegal de mercancías a cambio de sobornos. También estuvo a cargo de un caso relacionado con una red de lavado de activos que utilizaba ambulancias para blanquear dinero ilícito.

Sin embargo, su vinculación al caso de Nicolás Petro no es nueva. Ramírez ya había colaborado en la recopilación de pruebas en el expediente, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la independencia del proceso. La Fiscalía ha argumentado que la designación de Ramírez busca garantizar la celeridad y eficiencia en la administración de justicia, así como el respeto al debido proceso.

El caso de los Meyendorff, que también involucra a Ramírez, ha sido objeto de críticas por su prolongada duración y la falta de resolución. Este expediente, que lleva casi dos décadas en los tribunales, ha sido archivado y reabierto sin explicaciones claras, lo que ha generado un clima de desconfianza en la gestión de la Fiscalía. La situación ha llevado a un magistrado del Tribunal de Bogotá a abrir un incidente de desacato contra la fiscal Luz Adriana Camargo, debido a la inacción en la investigación.

La designación de Ramírez como fiscal de apoyo en el caso de Nicolás Petro se enmarca en un contexto de creciente presión sobre la Fiscalía, que busca manejar un caso de alta visibilidad política y mediática. La situación sigue evolucionando, y se espera que las decisiones tomadas en los próximos días tengan un impacto significativo en el desarrollo del proceso.