García Ortiz, el fiscal general del Estado, que lleva viviendo meses de purgatorio por haber, supuestamente, filtrado datos del novio de Ayuso, referidos a su presunto fraude fiscal, se enfrenta ahora al banquillo. Tan seguro está el juez Hurtado de su presunta culpabilidad que, saltándose la doctrina del Tribunal Constitucional, le ha impuesto una fianza de ciento cincuenta mil euros para cubrir la multa que supondría su condena.

Dando por hecho que va a ser condenado. Convertido en el pin pan pun de la batalla política entre el PSOE, que le defiende a ultranza, y el PP, que le querría en el exilio, cabe preguntarse si merece la pena su resistencia a abandonar el cargo, cuando la crispación política ha hecho desaparecer la presunción de inocencia.

Es lógico que él defienda, incluso en e

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