Una empleada del Banco Nación ha sido procesada por desviar casi un millón de pesos de las cuentas de varios clientes. La justicia federal de Caleta Olivia ha tomado esta decisión tras comprobar que la mujer realizó extracciones no autorizadas en las cuentas de al menos siete ahorristas entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. El perjuicio económico total se estima en 948.600 pesos.

El caso se inició cuando el banco detectó movimientos sospechosos en las cuentas de su sucursal en Caleta Olivia. Según informes internos, se recibió una alerta sobre el comportamiento inusual de la empleada. Las extracciones se realizaron sin la autorización de los titulares de las cuentas y en beneficio personal de la acusada. La investigación fue llevada a cabo por la fiscalía federal y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El fiscal Lucas Colla, encargado del caso, solicitó en marzo de 2024 el llamado a indagatoria para la empleada. Durante el proceso, se presentaron videos que mostraban las maniobras ilegales, así como un análisis de las operaciones en el sistema bancario. La justicia determinó que las acciones de la empleada constituían fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, dado que el Banco Nación es una entidad estatal.

Inicialmente, la acusada intentó llegar a un acuerdo de conciliación con el banco, ofreciendo una reparación civil de tres millones de pesos, un monto que superaba el daño causado. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso a este acuerdo, argumentando que los actos investigados afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la homologación del acuerdo, apoyando la postura del fiscal.

El juzgado federal, tras la decisión de la Cámara, avanzó en el procesamiento de la empleada. Se estableció un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes, un monto que cubre el daño investigado. La causa sigue bajo la supervisión del juzgado federal de Caleta Olivia y del fiscal Colla, mientras se continúan analizando los pasos procesales a seguir. Este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los clientes frente a fraudes internos en entidades estatales.