El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de audios que sugieren su implicación en presuntas gestiones indebidas para influir en el Tribunal Constitucional (TC). En una grabación, Santiváñez afirma: "Señito, estoy moviendo cielo y tierra. No se preocupe. [...] Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando".

Este audio fue enviado a un allegado del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como 'Diablo', quien cumple una condena de más de 26 años por su participación en una organización criminal. Santiváñez, actuando como abogado de Salirrosas, presentó un habeas corpus para anular su condena, el cual llegó al TC. Según las acusaciones, el ministro habría solicitado y recibido 20 mil dólares a cambio de influir en el fallo del tribunal.

Un testigo protegido ha declarado que, tras un resultado desfavorable en el TC, Santiváñez exigió la devolución del dinero. En otro audio, se escucha al ministro diciendo: "Señito, cómo está, justo acabo de conversar con una persona que me tiene un dinero y me dice que recién me va a abonar el jueves".

La Corte Suprema impuso en junio de este año un impedimento de salida del país de 18 meses contra Santiváñez, aunque este fue levantado temporalmente para un viaje a Suiza. La Fiscalía ha recopilado 77 audios, 33 imágenes y más de mil mensajes entre el ministro y el testigo protegido.

A pesar de las acusaciones, Santiváñez ha negado cualquier delito. A través de una cuenta en X, se defendió diciendo que los 20 mil dólares eran honorarios por su defensa legal y que no hubo pagos ilícitos. Además, afirmó que el audio no contiene contenido ilegal y que su mención de los magistrados no está condicionada a ningún pago.

La presión política sobre Santiváñez aumenta, ya que los audios han puesto en duda su continuidad en el gabinete y han revelado posibles vínculos de tráfico de influencias en el TC. La autenticidad de las grabaciones ha sido cuestionada por el ministro, quien planea presentar un peritaje independiente para refutar las conclusiones de la Fiscalía.