El controvertido episodio conocido como el “tarimazo” en Medellín, cuando cabecillas de bandas criminales fueron llevados desde la cárcel de Itagüí hasta La Alpujarra para participar en un acto con el presidente Gustavo Petro, sigue generando repercusiones. Esta vez, la protagonista es la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, contra quien el Consejo de Estado estudia dos demandas de pérdida de investidura.

Los procesos buscan que la congresista pierda definitivamente su curul, lo que en la práctica significaría su “muerte política”. Los demandantes señalan que Zuleta, en calidad de integrante de la llamada Mesa de Paz Urbana, habría gestionado ante el INPEC el traslado de varios de esos cabecillas para que asistieran al evento, pese a que esa facultad no recaía sobre ella

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