La administración Trump intensifica su control de inmigración, generando controversia. Las tácticas incluyen redadas masivas en lugares de trabajo y el uso de oficiales enmascarados, lo que ha suscitado la condena de defensores de derechos civiles. En medio de esta ofensiva, han surgido programas de "Conozca sus derechos", con volantes informativos distribuidos en empresas de todo el país. Estos volantes advierten que "ICE y Seguridad Nacional no pueden entrar sin una orden firmada por un juez".

Ana Valenzuela, abogada de inmigración, enfatiza que la Cuarta Enmienda protege a todos, independientemente de su estatus migratorio. "Las fuerzas del orden no tienen derecho a entrar a una casa o negocio privado sin una orden judicial", afirma Valenzuela.

CNN ha consultado a expertos sobre las diferencias entre órdenes administrativas y penales. Las órdenes administrativas, como la "Orden de Arresto de Extranjeros", son emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional y no requieren la misma evidencia que una orden judicial. Estas órdenes permiten arrestos en público, pero no autorizan el ingreso a propiedades privadas sin consentimiento.

Charles Kuck, otro abogado de inmigración, explica que si un agente de ICE solicita entrar, debe presentar una orden judicial. Además, las órdenes administrativas no son ejecutables, lo que significa que los empleadores no están obligados a cumplirlas.

Por otro lado, las órdenes penales requieren "causa probable" y son firmadas por un juez. Estas permiten a las autoridades registrar un lugar específico sin consentimiento. Sin embargo, ser indocumentado es considerado una infracción civil, aunque en ciertos casos, las autoridades pueden obtener órdenes penales durante redadas masivas.

Recientemente, ICE realizó una redada en una planta de Hyundai en Georgia, arrestando a 475 personas, la mayor operación de este tipo hasta la fecha. Valenzuela describe esto como "detención colateral", donde se arresta a personas no buscadas.

A pesar de que ICE puede realizar arrestos sin orden judicial en ciertas circunstancias, esto ha generado controversia. John Gihon, exabogado del ICE, señala que los agentes pueden actuar si han presenciado una violación de la ley de inmigración. Sin embargo, esto ha llevado a acusaciones de discriminación racial.

Un juez en California dictaminó que el DHS estaba arrestando a personas sin causa probable, pero la Corte Suprema permitió que las patrullas de ICE continuaran. En su sitio web, ICE afirma que no necesita órdenes judiciales para realizar arrestos, lo que ha generado un debate sobre los derechos de los inmigrantes en el país.