La ley migratoria estadounidense no garantiza defensores públicos en procesos civiles, una brecha que organizaciones como GLAHR intentan mitigar. “Antes podíamos intermediar, pero ahora ICE solo habla con el detenido o su abogado contratado” , explica Adelina Nichols, directora de la Alianza Latina de Georgia . Mientras, en estados como Nueva York o California , proyectos estatales cubren costos legales, pero en el sur la ayuda depende de voluntarios:

Texas: Fondos municipales en Austin y Dallas financian asesorías, sin cobertura estatal.

Illinois: Abogados públicos pueden representar en ciertos trámites desde 2022.

Colorado: Creó un fondo especial para deportaciones en 2021.

Detrás de esta disparidad, organizaciones denuncian un modelo de negocio que lucra con la deten

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