Se presenta acción legislativa que busca fortalecer el marco jurídico del Estado de Tamaulipas en materia de protección a las personas adultas mayores, mediante la incorporación de un principio rector que prohíba de forma expresa los trabajos forzados, la explotación o la realización de actividades que atenten contra su dignidad, salud física o mental, con el fin de garantizar su bienestar integral y asegurar el respeto pleno a sus derechos humanos.
Francisca Castro Armenta, diputada local de Morena, indicó que desde 1930, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, que obliga a los países a prohibir todas las formas de trabajo obligatorio bajo amenaza de castigo y sin consentimiento voluntario. Este convenio fue complementado en 195