En un golpe contundente contra una presunta actividad fraudulenta, la Justicia cordobesa ordenó el allanamiento y la posterior clausura de una concesionaria ubicada en el centro de la Capital, así como el domicilio particular de uno de sus representantes legales.

La medida se llevó a cabo en el marco de una investigación generada a raíz de numerosas denuncias por supuestas estafas en la venta de automóviles usados y motocicletas.

Personal del Departamento de Delitos Económicos fue el encargado de llevar a cabo los procedimientos, en los cuales se procedió al secuestro de una considerable cantidad de elementos.

Entre ellos, se incautaron 30 teléfonos celulares, diversos dispositivos electrónicos y documentación que se considera crucial para la causa en curso.

La maniobra fraudulenta con

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