La Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación con la Ley de Amnistía. Esta ley, que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, podría ver su validez cuestionada. Si el TC decide declarar la ley constitucional, se limitaría el control difuso, lo que impediría que los jueces inapliquen la norma por violar tratados internacionales de derechos humanos.

La Ley de Amnistía no especifica los delitos cubiertos, lo que podría amparar graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. A pesar de que la Defensoría busca un control de constitucionalidad, familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos han expresado su preocupación. Argumentan que la demanda se alinea con los intereses del Congreso y del Ejecutivo, lo que podría resultar en la legitimación de la norma y limitar el margen de acción de los jueces ordinarios.

Familiares de las víctimas han solicitado a Gutiérrez que retire la demanda, afirmando que no busca proteger derechos, sino que pretende que el TC declare la ley constitucional. Gisela Ortiz, hermana de un asesinado en La Cantuta, ha señalado que el TC podría fallar a favor de la amnistía, dada la composición actual del tribunal. Cirila Pulido, sobreviviente de la masacre de Accomarca, ha manifestado su indignación, advirtiendo que décadas de lucha por justicia podrían ser neutralizadas por esta norma que exime de responsabilidad a los perpetradores de crímenes graves.

La Defensoría del Pueblo ha reconocido en su documento que la Ley de Amnistía favorece injustamente a los militares y policías, ignorando los derechos de las víctimas. La norma podría cubrir delitos graves, a pesar de que el derecho internacional prohíbe la amnistía para tales crímenes. El organismo ha recordado que en los años noventa, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se aprobaron leyes similares que beneficiaron a militares implicados en matanzas, las cuales fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 por ser incompatibles con la Convención Americana.