El juez Ángel Hurtado ha corregido su propia decisión y ha decidido dejar en 75.000 euros la fianza inicial de 150.000 euros impuesta al fiscal general del Estado, la mitad de la cantidad que exigió hace varios días y que Álvaro García Ortiz ya había consignado a través de un aval. El magistrado reconoce que en esa cantidad no solo incluyó la posible indemnización para la pareja de Isabel Díaz Ayuso sino que añadió por error también las posibles multas a las que puede ser condenado, algo que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional. Hurtado explica ahora que la pareja de Ayuso pidió sin éxito 40.000 euros a la ministra María Jesús Montero por llamarle “defraudador confeso” y que, en este caso, la posible indemnización debe ser mayor.

Hurtado abrió juicio oral contra García Ortiz y estableció, como medida cautelar, que debía consignar 150.000 euros si no quería ser embargado. Un dinero destinado para hacer frente, explicó entonces el juez, a las posibles responsabilidades económicas del fiscal general en caso de ser condenado: la indemnización de Alberto González Amador, las posibles multas e incluso las costas del proceso. El fiscal general, que preparaba un recurso contra este cálculo, ha consignado esta mañana esa cantidad a través de un aval bancario, poniendo su patrimonio a disposición del tribunal.

En su auto, el magistrado reconocía que los 300.000 euros que pedía González Amador eran excesivos pero fijó la cantidad en la mitad, que ahora rebaja a su vez hasta los 75.000 euros. Explica ahora en una nueva resolución que el propio González Amador se ha quejado de que juntara todos esos conceptos para calcular la fianza, aunque añade que no toma esta decisión porque lo haya leído en un recurso: “Puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión”.

El juez se hace eco de la doctrina del Tribunal Constitucional que diversos expertos llevan días exponiendo y que está vigente desde hace dos años: una sentencia de 2023 en la que el tribunal de garantías dio la razon al exconseller catalán Lluís Puig porque en el caso de los bienes de Sijena la Justicia había juntado en su fianza la posible multa. Ya entonces, y por unanimidad de conservadores y progresistas , el Constitucional dijo que no se podían juntar en la fianza las posibles indemnizaciones y las multas. Esa práctica, ahora reproducida por Hurtado, “anticipa una pena que no ha sido declarada en sentencia y vulnera, de este modo, la presunción de inocencia del recurrente”, dijo el Constitucional entonces.

En este auto Hurtado hace un desglose de las cantidades que alcanzan esos 75.000 euros, algo que no hizo en el auto de apertura de juicio oral. Su referencia, explica, es el pleito en el que González Amador llegó a pedir 40.000 euros a la ministra María Jesús Montero por referirse a él como “defraudador confeso”, un pleito en el que la Sala de lo Civil del Supremo rechazó la demanda y entendió que su honor no se había visto vulnerado. Esa cantidad pedida entonces por la pareja de Ayuso, dice ahora Hurtado, es “difícil de ignorar” y debe ser aumentada a 50.000 euros. “Si añadimos intereses y costas”, calcula Hurtado, alcanza la nueva fianza de 75.000 euros.

Hurtado insiste en que la posible multa a la que se expone García Ortiz es condenado también podría llegar a esa cantidad, justificando de alguna manera la fianza inicial y errónea de 150.000 euros que ahora rebaja.