En los últimos meses, hemos visto un fenómeno que produce preocupación: los tribunales electorales de diferentes estados están recibiendo denuncias y emitiendo sentencias por violencia política contra las mujeres. En principio, debería ser una buena noticia, pues esta forma de violencia es un hecho condenable que afecta a la sociedad en su conjunto, alejando a las mujeres de los cargos públicos que tenemos el derecho a ocupar.

Sin embargo, recientemente observamos una serie de denuncias que parecen más bien orientadas a callar críticas molestas para mujeres funcionarias o aspirantes a cargos de elección popular. Estas denuncias, ¿tienen un uso legítimo para defender sus derechos, o son más bien una estrategia para castigar a la prensa, a la sociedad civil o a adversarios políticos? Como e

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