El Gobierno de España ha aprobado un decreto que permite a los bomberos forestales anticipar su jubilación hasta cinco años. Esta medida fue anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destacó la naturaleza peligrosa y tóxica del trabajo de estos profesionales. Según el nuevo decreto, los bomberos forestales podrán jubilarse a los 60 años, en lugar de a los 65, siempre que acrediten un mínimo de 15 años de cotización en esta profesión.
Además, en casos excepcionales, aquellos que hayan trabajado más de 35 años como bomberos forestales podrán anticipar su jubilación hasta seis años. Esta iniciativa forma parte de la Ley de Bomberos Forestales, aprobada en 2024, que busca regular y homogeneizar las condiciones laborales de este colectivo en todo el país.
La ministra Saiz subrayó que "saldamos una deuda con este colectivo" y equiparó sus condiciones de jubilación a las de los bomberos urbanos, quienes ya contaban con coeficientes reductores desde 2008. El nuevo coeficiente reductor de la edad de jubilación es del 0,20, lo que significa que un bombero forestal con 15 años de servicio verá su edad de jubilación reducida en tres años.
El decreto también establece que la Tesorería General de la Seguridad Social proporcionará instrucciones a las empresas y administraciones sobre cómo aplicar estos coeficientes. Saiz hizo un llamado a las comunidades autónomas y a las empresas para que utilicen el Código Nacional de ocupaciones (CNO) específico para los bomberos forestales, lo que facilitará la aplicación de la reducción de la edad de jubilación.
La aprobación de esta medida llega tras un verano devastador de incendios en España, que ha puesto de relieve la necesidad de un sistema público fuerte y de un cuerpo de bomberos bien protegido. La ministra enfatizó que "hemos sido testigos de la voracidad de las llamas y la crudeza de las circunstancias en las que trabajan los bomberos forestales".
Con esta reforma, los bomberos forestales se convierten en los primeros en beneficiarse de las nuevas condiciones que el Gobierno ha habilitado para facilitar el retiro de profesiones consideradas peligrosas o penosas.